Estos días se habla de vivienda

• 13 febrero, 2025
• ucesaraugusta
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Aragón está tramitando un proyecto de ley de vivienda. Lo hace porque hay que recordar que Aragón, según su Estatuto de Autonomía, tiene competencia exclusiva en materia de vivienda, aunque el Estado también ha aprobado el año 2023 una ley por el derecho a la vivienda. Esperemos que no pase como en 1997, cuando el Tribunal Constitucional dictó sentencia estimando los recursos interpuestos por seis Comunidades Autónomas acordando la nulidad de la mayor parte de la ley estatal de urbanismo por la falta de competencia del Estado para dictar normas en materias asumidas como exclusivas por las Comunidades Autónomas.

El proyecto de ley de vivienda de Aragón en tramitación en estos momentos ha sido sometido a un proceso participativo muy interesante que lo ha mejorado sustancialmente y que las Cortes aún podrán modificar o mejorar, pero ya por cuestiones políticas.

En la ley se contemplan cinco tipos de viviendas. En primer lugar, libres de promoción privada. En segundo lugar, de protección oficial de Aragón, con precios fijados por la Administración, promovidas por iniciativa pública o privada, con ayudas al promotor y a los adquirientes o arrendatarios y que se podrán descalificar pasado un plazo de 20 años si son de promoción pública y de 10 años si son de promoción privada, debiendo reintegrarse todos los beneficios obtenidos en su día.

En tercer lugar, vivienda pública de Aragón, destinada exclusivamente a ocupaciones temporales (nunca en venta) para personas con dificultades para acceder al mercado libre, promovidas por la Administración o mediante colaboración público privada. En cuarto lugar, alojamientos colectivos, en los que se comparten diferentes espacios, con excepción de dormitorio y cuarto de baño, destinados igualmente a ser usados temporalmente por jóvenes que quieran independizarse, por trabajadores temporales, divorciados mientras encuentran una vivienda definitiva, personas mayores, etc. También pueden ser de promoción privada o pública.

Y, en quinto lugar, viviendas de emergencia social de Aragón, de promoción pública, uso temporal y sin contraprestación económica, destinadas a personas en especiales situaciones de vulnerabilidad, que residan en la vía pública, por pérdida de vivienda por incendios, por hundimiento, etc.

Mediante esta ley el Gobierno de Aragón intenta afrontar el problema de la vivienda sustituyendo la actual regulación de las viviendas de protección oficial por otra más ajustada a la realidad actual. Afronta el problema con determinadas medidas, pero los problemas no suelen tener una sola causa casi nunca.

Recordemos cómo un determinado color político declaró la totalidad del suelo como urbanizable, con excepción del que debería estar protegido por sus valores, ambientales o de otro tipo. Aquello dio lugar a actuaciones poco razonables, pero cuando cambió el color político se dio un bandazo y se restringió la posibilidad de edificar. Las consecuencias las estamos viendo ahora. Por otra parte, durante muchos años las Administraciones se dedicaron a ordeñar las ubres de la vivienda; se recargó la burocracia, se redujeron incentivos, se obligaba (y se obliga) a reservar suelo para viviendas de protección cuando se desarrollaba una parte de la ciudad, había (y hay) que ceder un porcentaje al Ayuntamiento… Y así, poco a poco, pero sin descanso, se fue imposibilitando la construcción de viviendas de protección oficial. Se forzaba al mercado, pero este no respondía.

Después vino la crisis de 2008, que se llevó por delante a la casi totalidad de promotores. La tormenta perfecta para llegar a la situación actual. ¿Por qué no se construyen apenas viviendas de protección oficial? Pues sencillamente, porque no es rentable su construcción.

En los años 60 había que edificar muchas viviendas y muy deprisa, y se diseñó un sistema que se denominaba “viviendas acogidas a beneficios”, que contemplaba una exención del 50 por ciento de la Contribución (actual IBI) durante unos años, exención de tasas de licencia, reducciones en Notaría y Registro de la Propiedad, desgravación en la base imponible, etc. Es decir, favorecer la construcción de viviendas y su venta. Y este sistema tuvo un notable éxito.

Recordemos que hasta no hace muchos años se podía desgravar en la declaración de la renta la adquisición de una vivienda y eso ha desaparecido. Parece que las medidas de fomento han ido despareciendo y nadie las echa en falta.

Deseamos que la ley de vivienda de Aragón tenga éxito, pero creemos que no se ataca el problema por el lado correcto. Se sigue ordeñando la ubre de la vivienda, se sigue obligando en los nuevos desarrollos a reservar hasta un 40 por ciento de las viviendas para protección oficial, se debe ceder gratuitamente entre el 10 y el 15 por ciento del aprovechamiento al Ayuntamiento … además de ejecutar la urbanización a cargo del promotor, lo que no suele dejar margen para la construcción de unas viviendas en las que el precio lo fija la Administración.

Estimamos que, si no se deja de ordeñar, no va a ser posible para el promotor alcanzar un mínimo de rentabilidad que haga que se movilice el mercado de la vivienda y las medidas previstas no tendrán todo el éxito esperado.

En cualquier caso, hay que aplaudir la iniciativa del Gobierno de Aragón.