La ocupación aumenta en Zaragoza

• 13 enero, 2023
• ucesaraugusta
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En la prensa del día 12 de enero de 2023 aparece una noticia relativa a la problemática de la ocupación ilegal de viviendas.

Aquel que haya pasado por esta circunstancia ha vivido un auténtico drama al ver que el derecho a tener una vivienda o dos, o las que sea, está por debajo del que cambia la cerradura ilegalmente y la ocupa sin título de propiedad o de alquiler (o con alquileres ficticios).

Se afirma que, según Constitución, está garantizado el derecho a una vivienda. Se trata de una lectura interesada que en ningún caso se puede interpretar de manera literal; existe el derecho a la vivienda, claro que sí, en términos generales, pero no a “una vivienda”.

A cualquier ciudadano le sorprende que la administración con competencias no corte de raíz esta lacra con una simple disposición: si un propietario demuestra que es propietario de una vivienda, las personas que la han usurpado, que la ocupan ilegalmente, deben abandonarla inmediatamente.

Otra cosa es donde deben ir las personas desocupadas. Es la administración, y no los ciudadanos particulares, quienes tienen que proveer de una vivienda digna a aquellas familias que no puedan tener acceso, por las circunstancias que sean.

Hay usurpaciones claramente delictivas y otras fruto de la necesidad. Pero esa necesidad la tiene que satisfacer la administración, como se ha venido haciendo siempre. El Ayuntamiento y la DGA deberían estar construyendo viviendas sociales (así se han denominado siempre) para las familias necesitadas. Y a nadie explican por qué no lo hacen, o no en la suficiente medida.

Una vez detectada en toda Europa la fisura legal (puedo permanecer años a costa del propietario), muchas personas han optado por utilizarlo como estrategia solicitando dinero al propietario para irse o vendiendo todo lo que tenga algo de valor antes de desocuparla.

Es realmente sorprendente que desde la justicia o desde la mayoría de sectores sociales no se inicien movilizaciones, no se presione a las autoridades para que concluya esta indefensión absoluta del propietario (o arrendador) frente a una ilegalidad aplastante.

Y que tampoco se presione a las administraciones para que den, ellas sí, solución a las situación de auténtica necesidad.

Constancio Navarro Lomba Presidente Unión Vecinal Cesaraugusta