Aragón exigirá certificados de idoneidad a los dueños de los nuevos pisos turísticos

• 16 enero, 2023
• ucesaraugusta
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En la prensa del día 12 de enero de 2023 aparece una noticia relativa a la regulación de los requisitos mínimos exigidos por el Gobierno de Aragón a los pisos turísticos, correspondiendo a los ayuntamientos la vigilancia de su cumplimiento.

Se denomina certificado de idoneidad, pero en realidad se trata de las condiciones de habitabilidad. Se justifica la regulación de estas viviendas en el control de la administración (municipal), de manera que aparezcan las debidas garantías a los turistas.

Sorprende que, en una sociedad moderna, culta, del siglo XXI, haya que regular los requisitos mínimos para que una vivienda se pueda alquilar a turistas. Cualquier técnico (arquitecto o arquitecto técnico) está al corriente de las normas que las viviendas, sean para el uso que sean, deben cumplir para edificarse o para su rehabilitación.

En el año 1944 se dictaron normas higiénico-sanitarias que toda vivienda debía cumplir para evitar que fueran muriendas en lugar de viviendas. Hace ya unos cuantos años, algunas viviendas decidieron suprimir la cédula de habitabilidad (sin la que no se podían contratar los servicios de luz, gas, etc.).

La cuestión es que cada uno en su vivienda puede hacer lo que quiera, pero cuando un particular, un decorador sin experiencia o el simple hecho de quitar ese espacio innecesario junto a la cocina para ganar espacio (a quien se le ocurriría eso cuando se construyó la casa) hace que el cuarto de aseo abra directamente a la cocina, incumpliendo las normas higiénico-sanitarias, o cuando pensamos que un dormitorio sencillo puede tener menos de seis metros cuadrados, por ejemplo, se pueden crear espacios “poco aptos para ser habitables”.

De ahí que la administración (autonómica) haya entendido que debe regular esas condiciones mínimas de toda vivienda destinada al alojamiento turístico. Porque si no lo hiciera, la falta de sentido común, la avaricia, o cualquier otra razón, harían aparecer viviendas, apartamentos o estudios que harían palidecer de vergüenza a cualquier persona razonable en una sociedad como la nuestra.

Se otorga a los ayuntamientos la potestad de limitar el número de pisos turísticos, lo cual choca estrepitosamente con la libertad de empresa en una democracia liberal. También deben estar contempladas en los estatutos de la comunidad en la que se pretendan comercializar y asimismo, el planeamiento urbanístico puede imponer limitaciones en el uso de los edificios (limitando las oficinas a la planta primera, por ejemplo, aunque los pisos turísticos, por su relativa novedad, no suelen estar regulados).

Muchas familias que hereden una vivienda, han ahorrado y han comprado otra, o por cualquier circunstancia, disponen de una vivienda sin ocupar, habitualmente la sacaban al mercado de alquiler para obtener unos ingresos añadidos. En Zaragoza era (y es) habitual alquilar el apartamento de la playa algún mes de verano.

Pero como la gente viaja más, apareció una nueva oportunidad, que es alquilar la vivienda por días, o semanas. Incluso se alquilan habitaciones, lo que suele salir más económico que un hotel. Viene a ser como un aparthotel, pero individual. El problema es que la proliferación de estos pisos turísticos, al ser mucho más rentable que el antiguo mercado de alquiler, provoca un alza de los precios que hace que para muchas familias sea muy caro alquilar una vivienda y la convivencia en los barrios se complique por la continua rotación de sus inquilinos o las molestias que pueden ocasionar.

Poner un límite al número de viviendas turísticas en un bloque supone una cierta discriminación, porque el primero la podrá poner, pero alcanzado el tope, los demás ya no podrán. Se trata de un tema complejo en el que administración se muestra decidida a intervenir, ya sea limitando el número, limitando el precio, evitando subidas de alquileres, etc. Estas prácticas, a las que parece que nos estamos acostumbrando, chocan directamente con la libertad de los individuos, de los ciudadanos, para decidir qué hacer con su patrimonio. La administración no puede actuar con arbitrariedad y limitar los derechos de los ciudadanos. Eso conduce a otro sistema político diferente, cuyo fracaso ya se ha ensayado.

Constancio Navarro Lomba Presidente Unión Vecinal Cesaraugusta