850 viviendas cerrarán la cicatriz de los suelos de Aceralia en El Picarral

• 12 enero, 2023
• ucesaraugusta
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En la prensa del día 10 de enero de 2023 ha aparecido una noticia en relación con el desbloqueo de la operación que hace 21 años pretendió convertir en edificables los suelos que ocupaba Aceralia en el barrio del Picarral.

¿Qué pasó en aquellos momentos? Pues que Aceralia, junto a Campo Ebro y otras industrias se veían rodeadas de viviendas que soportaban las molestias que producía su funcionamiento. A Aceralia le venía bien trasladarse a otra ubicación en un polígono industrial, pero eso cuesta mucho dinero. Desmontar una industria y montarla en otro sitio no es barato precisamente. Por eso, el Ayuntamiento, para favorecer a todas las partes (industria, vecinos y ciudad en general) contemplaba la posibilidad de firmar convenios urbanísticos de manera que se calificaba como suelo residencial la parcela ocupada por la industria, que podía vender a un precio más elevado y obtener fondos suficientes para trasladar la industria. Los vecinos veían desaparecer el foco de las molestias, se creaban un barrio residencial con zonas verdes, equipamientos, etc. y todos contentos.

La cuestión es que los terrenos los ocupaba Aceralia y 14 industrias (o naves de pequeño tamaño) más, y todas debían entrar en el convenio.

Aceralia impuso una edificabilidad de 1,5 metros cuadrados por cada metro cuadrado de suelo para su parcela y de 1 metro cuadrado para el resto. Aunque el trato era desigual, todos aceptaron.

El problema es que esa edificabilidad suponía la construcción de 2.344 viviendas, y eso suponía, según el estudio que elaboraron algunos arquitectos, bloques de 17 alturas.

El Ayuntamiento tramitó y aprobó conjuntamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (para contemplar el uso residencial) y el Plan especial de Reforma Interior (planeamiento de desarrollo) para que las obras comenzaran cuanto antes.

Todo parecía ir bien, aunque el futuro barrio iba a tener una densidad descomunal, es decir, se iban a construir muchas viviendas en poco espacio (un barrio muy compacto).

Y aquí empieza el calvario judicial. La Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (SAICA), que había efectuado en aquellos momentos una gran inversión medioambiental, no veía con buenos ojos tantas viviendas junto a sus instalaciones, temiendo que los nuevos habitantes presionaran para que se fuera de allí. Y aunque este motivo nunca fue utilizado ante la justicia, se impugnaron todas las actuaciones administrativas hasta el pronunciamiento del Tribunal Supremo el año 2012, basándose en que la Administración (en este caso el Ayuntamiento) había traspasado los límites de la discrecionalidad para incurrir en arbitrariedad. En román paladino, que el Ayuntamiento había prevista muchas más viviendas que en el resto de la ciudad, favoreciendo a una empresa en concreto.

Mientras tanto, Aceralia vendió sus terrenos con una enorme plusvalía a otra empresa, que se vio enredada en el lío judicial y perdió hasta la camisa. De hecho, esos años coincidieron con la grave situación económica que se llevó por delante a muchas empresas de todo tipo, pero sobre todo relacionadas con la construcción. Debido a todo esto, el propietario de los terrenos actualmente es la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reconstrucción Bancaria S.A. creada precisamente el año 2012).

La cuestión es que se fraguó lo que se denomina habitualmente un “pelotazo urbanístico” de gran magnitud que favoreció a Aceralia.

La Justicia (en aquel momento la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón), basándose en un informe elaborado por el Colegio de Arquitectos, que contradecía a otro encargado por el mismo tribunal, concluyó que las determinaciones aprobadas (el número de viviendas previsto) carecían de racionalidad, sobrepasándose con creces los límites de la discrecionalidad que tiene el Ayuntamiento planificador, de manera que los principios de proporcionalidad y racionalidad que deben guiar al Ayuntamiento en la prerrogativa que ostenta al poder determinar cuántas viviendas se pueden construir, se habían excedido. Es decir, que el Plan General en el resto de la ciudad no contemplaba una densidad residencial tan alta en ninguna parte de la ciudad y que en este caso debía ser similar. Que era una barbaridad plantear 2.344 pisos.

El Tribunal Supremo confirmó la anulación de todos los instrumentos urbanísticos que se habían aprobado (convenio, modificación del Plan General y Plan Especial), volviendo a la casilla de salida.

¿Qué ha pasado en los últimos 20 años? Pues desde 2012 nada. Nadie ha tenido interés en estos suelos.

¿Qué ha cambiado para que ahora todo el mundo se ponga de acuerdo?

Pues que SAICA se consolida en el barrio, que construirá un edificio de oficinas en su parcela que hará de “frontera” con el suelo residencial, que se plantean zonas verdes entre su industria y las viviendas, que finalmente serán 850 viviendas las que se construirán y que el propietario del suelo ahora es el Estado (la Sareb), que pretende desatascar la operación aun a costa de una rentabilidad más baja.

Parece que el momento elegido para hacer público el acuerdo no es casual, precisamente por la cercanía de las elecciones.

¿Y que han pintado en todo este proceso los vecinos de la zona? Pues sencillamente nada, ni entones ni ahora.

Aun así, alegrémonos por el resultado de la operación, en el que, ahora sí, todos ganan.

Constancio Navarro Lomba Presidente Unión Vecinal Cesaraugusta